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Chocó: Una frontera dentro del Estado

El departamento del Chocó, ubicado entre la serranía del Baudó y el litoral del Pacífico, célebre por su inmensa riqueza en biodiversidad y recursos naturales, presenta hoy día uno de los peores cuadros de retraso económico y social, si se le compara con el resto de los departamentos del Estado colombiano, que lo han llevado a aislarse de los centros políticos y económicos del país.

El Chocó comprende así una región olvidada históricamente por el gobierno nacional, lo que le ha permitido a grupos armados ilegales asentarse en estos territorios y aprovecharse de los recursos. Estos grupos ilegales han llevado a cabo procesos de redistribución forzosa de los derechos de propiedad de la población, en búsqueda de la explotación de los recursos que yacen bajo estos suelos, profundizando fenómenos como los de la concentración excesiva de la tierra y la minería ilegal. Es así como este último fenómeno denota claramente las inmensas repercusiones que un sector “subcapitalizado” y “extralegal”, en palabras de Hernando De Soto, como lo es el de la minería sin título, genera para el desarrollo económico y social de una región como la chocoana, dentro de la cual se presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 81.9% (siendo la más alta del país), y en donde la población ubicada por debajo de la línea de pobreza asciende a un 78,5% (DANE, 2011).

Ahora bien, Demarest provee una importante definición sobre los derechos de propiedad siguiendo con los supuestos de Noyes y Powelson. Así, los derechos de propiedad los considera como: “derechos preferenciales asociados con cosas, como una especie de concierto de derechos y deberes”  (Demarest, s.f.). De igual manera, y siguiendo con el planteamiento de Demarest, el desarrollo económico solo se logra en el momento en que tanto los individuos como los cuerpos corporativos logren ser claramente identificados y delimitados; y que estos derechos y obligaciones con respecto a la propiedad sean claramente asignados a estos dos. Es decir, se puede hablar de civilización (o de economía desarrollada) en la medida en que esta pueda ordenar y proteger los derechos de propiedad. Y, ciertamente, en un contexto de conflicto interno es casi que imposible definir cuerpos corporativos que puedan proteger efectivamente los derechos de propiedad de la población, máxime cuando estos grupos buscan permanentemente fuentes de financiación para lograr los objetivos de su lucha, como en el caso colombiano.

La minería ilegal se erige entonces como una de las principales fuentes de financiación de las guerrillas y las bandas criminales, mediante la cual han logrado prolongar su actividad a lo largo del tiempo. Así lo han advertido expertos y autoridades locales. Lo que ha llevado a que en el país, a raíz de este fenómeno, “(haya habido) […] un grave problema de ilicitud, de informalidad, siendo lo más grave, la incomprensión del problema, permitiendo que los ilegales pequeños, medianos y grandes sean confundidos con los ilegales grandes”, según asegura el director de la Cámara Asomineros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Eduardo Chaparro (EFE, 2014). La incertidumbre y total desconocimiento del fenómeno ha repercutido negativamente en todos los ámbitos del Estado colombiano, pues la falta de información es tal, que por ejemplo, existen actualmente cerca de 10.000 títulos o concesiones mineras en el país, mientras que de las personas dedicadas a la actividad de manera informal no se conoce cifra alguna. Cabe resaltar, además, que dentro de la legislación colombiana en materia de la regulación de la actividad minera, se considera ilegal a quien no posea un título acreditado para la extracción, lo que incluye en la gran mayoría de los casos a los mineros tradicionales, que a falta de oportunidades de desarrollo económico alternativo, decide arriesgar su seguridad e integridad física para lograr una fuente de sustentación económica para su familia.

Estas son, pues, personas que dejan el sistema y se convierten en “extralegales”. Su única alternativa es vivir y trabajar por fuera de la ley, utilizando sus propios arreglos informales para proteger y movilizar sus activos. Siendo estos arreglos el resultado de la combinación de reglas obtenidas del sistema legal, improvisaciones ad hoc y otras reglas del lugar de origen de estas personas. Configurando así una especie de contrato social erigido por la comunidad y puesta en marcha por autoridades elegidas por la misma  (De Soto, 2000). Estos contratos sociales extralegales han creado un sector subcapitalizado, una especie de “capital muerto”, que corresponde a ese capital no registrado que quedó por fuera de la economía capitalizada debido a las leyes discriminatorias. El resultado de esto es que los recursos de una inmensa cantidad de personas han quedado comercial y financieramente invisibles. Nadie sabe quién tiene qué cosas, nadie rinde cuentas por su dinero y tampoco es posible hacer que paguen por los servicios prestados por el Estado.

Esta situación ha llevado a que la ilegalidad minera en Colombia se ubique en un alarmante 63%, la cual se concentra, principalmente en la minería del oro (EFE, 2013). Esta extracción aurífera se registraba exclusivamente en los territorios del Departamento de Antioquia, sin embargo, a partir de 2009 el Chocó empieza a incrementar de manera acelerada su producción, llegando a representar desde ese año hasta el 2012 un 39% de la producción nacional, muy cercano al 42% que se sigue concentrado en Antioquia  (Procuraduría General de la Nación, s.f.).

Como se puede evidenciar, la evidente desarticulación institucional que se presenta en torno al fenómeno de la minería ilegal, ha derivado en una clara falta de control por parte del Estado y de los parámetros normativos trazados para tales fines, sobre un sector particularmente importante para el gobierno nacional y la sociedad colombiana en general. Así lo menciona el Informe Especial de la Contraloría General de la República que dice que: “no solamente se encuentra el Estado lejos del minero y su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley, que asumen su papel en la ilegalidad: otorgan “permisos”, cobran “impuestos”, imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas en total impunidad, al margen de la Constitución y la ley” (Contraloría Delegada, Sector Minas y Energía, 2012). Una situación que denota la desinstitucionalización en estas comunidades, en detrimento de la soberanía efectiva del Estado.

Así pues, este se convierte en un factor desestabilizante para el país que entorpece el desarrollo económico de regiones como la chocoana, según lo ha señalado la Procuraduría General de la Nación en su Informe Preventivo sobre Minería Ilegal en Colombia. Lo que hace necesaria la adopción de una política de intervención tanto legislativa como administrativa que mitigue estos problemas y, en esa medida, contrarreste los efectos nocivos (Procuraduría General de la Nación, s.f.). Labrando el camino hacia la formalización progresiva de estas actividades, lo cual le reportaría inmensos beneficios a la economía “reprimarizada” del Estado colombiano.

Bibliografía

Acción de tutela instaurada por Ricardo Viáfara Ortíz contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico –CDA- y la Alcaldía de Mitú, T – 204/14 (Corte Constitucional 1 de Abril de 2014).

AFP. (4 de Mayo de 2014). Sin control, minería ilegal. La Nación.

Collier, P. (2006). Economic Causes of Civil Conflict and their implication for Policy. Oxford: Oxford University.

Contraloría Delegada, Sector Minas y Energía. (2012). La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia. Caso Valle del Cauca (Río Dagua) – Chocó (RIo San Juan) Efectos sociales y ambientales. Bogotá: CGR.

DANE. (2011). COLOMBIA. Necesidades Básicas Insatisfechas. Bogotá.

De Soto, H. (2000). Chapter Two: The Mystery of Missing Information. En The Mystery of Capital, Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Perseus Books Group.

Demarest, G. (s.f.). Chapter 1: The Concert of Rights and Duties. En Geoproperty (págs. 1-26).

EFE. (2013). No hay freno a la minería ilegal. Dinero. Obtenido de http://www.dinero.com/pais/articulo/no-freno-mineria-ilegal/181324

EFE. (19 de Septiembre de 2014). Minería colombiana, entre la informalidad y el asedio de los grupos ilegales. El Espectador.

Goñi, E., Sabogal, A., & Asmat, R. (2014). Minería informal aurífera en Colombia. Principales resultados del levantamiento de la línea base. Bogotá: Fedesarrollo.

Kalyvas, S. (2001). La Violencia en Medio de la Guerra Civil. Esbozo de una Teoría. En Análisis Político (págs. 3-25).

Ministerio de Minas y Energía. (2014). Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia. Bogotá D.C.

Observatorio Legislativo. (2012). Minería Ilícita en Colombia: Propuestas y Desafíos. Bogotá: Instituto de Ciencia Política.

Pardo, L. (2013). La conflictividad por el territorio, el control de los RNNR y la renta minera. El choque de las locomotoras mineras en Colombia. En C. G. República, Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos (págs. 143-193). Bogotá: CGR.

Procuraduría General de la Nación. (s.f.). Minería Ilegal en Colombia. Bogotá.

Restrepo, J. (2010). Análisis económico de conflictos internos. Guerra y violencias en Colombia. Bogotá: CERAC y U. Javeriana.

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